jueves, 26 de abril de 2012

Dinamica Politica




"Digamos primero que hay dos maneras de combatir: una con las leyes; otra, con la fuerza", N. Maquiavelo, El Príncipe, Capítulo XVIII

Cuando las relaciones de poder en una sociedad no se contemplan de manera estática y sujeta a un modelo, sino, funcionando activamente dentro de la interacción humana, estamos en la dinámica política. Esta puede verse bajo dos ángulos distintos: el antagonismo, el desacuerdo y la lucha por una parte, y por la otra, la identificación, el acuerdo y la integración.

En el primer caso, lo que vale es la libertad individual que juega para participar en la elección política y para influir en el Poder público. En el segundo, lo que cuenta es el orden social que debe sostenerse por encima de las discrepancias individuales.

La libertad, considerada políticamente, no es sino la independencia de la voluntad humana frente a otras voluntades. El orden, por el contrario, es la dependencia de nuestra voluntad a otra voluntad que representa la convivencia social.

Cada sociedad y cada cultura, en función de sus valores, tienen un modo particular de combinar la libertad y el orden. Y como ya anotamos, las distintas dosis de libertad dentro del orden social, es lo que nos permite distinguir a las diversas ideologías y a los sistemas políticos.

Dentro de la dinámica política, los antagonismos y la libertad explican a los partidos políticos y a los ciudadanos en la contienda para obtener el poder y participar en él. La integración y el orden justifican al Gobierno para imponer su autoridad, porque sólo así pueden conducirse distintas voluntades a la obtención de fines comunes.
Dentro de esta misma dinámica, el ciudadano y el gobierno sufren la influencia de la opinión pública y de los grupos de presión. Los ciudadanos, el Gobierno, los partidos políticos y los grupos de presión, a su vez, utilizan la propaganda para influir en los demás y orientar su conducta en un sentido, o en otro.

jueves, 19 de abril de 2012

Siles: Gobierno abrió el paraguas para el 2012 porque crisis llegará a Bolivia






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La Paz, (NAN)
jueves 3, noviembre 2011
El analista económico Hugo Siles afirmó ayer que el Gobierno "abrió el paraguas" para el 2012 porque Bolivia atravesará por un momento crítico debido a que en seis años de gestión se dedicó sólo a mantener la estabilidad de precios y no logró generar tasas de crecimiento de la economía boliviana.



Siles explicó que en los últimos 5 años literalmente el Gobierno de Evo Morales priorizó sus políticas públicas a nivel económico en el afán de mantener la estabilidad de precios para que el porcentaje de inflación sea mínimo y hacer ver que durante su gestión Bolivia registró un superávit.
Las políticas que aplicó el Gobierno para mantener la estabilidad de precios -según Siles- son la apreciación del boliviano, el control de precios en algunos productos del mercado familiar como es el azúcar, la creación de diferentes empresas estatales y las restricciones a las exportaciones.
"El gobierno está buscando que en noviembre y diciembre la inflación se contenga, busca anclar la inflación. Entonces la política económica del Gobierno busca mantener la estabilidad", dijo Siles al señalar que el Gobierno no aplicó medidas para lograr tasas de crecimiento de la economía boliviana.
Para el analista, el Gobierno debe desplazarse de la inflación al movimiento económico incrementando la producción de energía para la generación de productos hechos en Bolivia, acelerar la construcción de caminos, crear infraestructura para que la producción pueda circular a través de esas arterias y acelerar la nueva arquitectura jurídica.
"Han prometido 100 leyes para que funcione la Constitución Política del Estado hasta ahora cuántos de han aprobado y esto está generando frenos a la inversión y producción", indicó Siles al señalar que el Gobierno también debe abrir nuevos mercados "por intermedio de sus agentes diplomáticos en el exterior".
Subsidio de los hidrocarburos
Siles señaló que el tema de la subvención a los carburantes y la necesidad de su nivelación a precios internacionales anunciada por el mandatario se debe a que este año subió a 700 millones y para salir de ese conflicto tiene tres caminos que consisten en eliminar la subvención, aumentas recaudaciones o prestarse recursos.
"El Gobierno está optando por reducir el tema de los hidrocarburos. Por eso es que está abriendo el paraguas para el próximo año, donde habrá una situación económica difícil para la economía latinoamericana, mundial y particularmente boliviana", manifestó.
Explicó que la economía boliviana es dependiente de la minería e hidrocarburos, es decir, que un 70% de la economía está viviendo de estos dos productos "entonces vamos a tener problemas de déficit fiscal el próximo año, se estima que este año tendremos un déficit fiscal de unos 700 u 800 millones de dólares que significa un 4% del Producto Interno Bruto".
"Para adelante la situación no es sencilla se está complicando a nivel internacional, la economía Europea, Estado Unidense y la China están en un proceso de desaceleración y eso significa la baja de los precios y en consecuencias tendremos grandes problemas", concluyó.

martes, 10 de abril de 2012

GOBIERNO califica como criminal el paro médico y lo declara ilegal



Sociedad
El Ministro de Trabajo fustigó la huelga indefinida de los galenos, que reanudan hoy, y afirmó que, de acuerdo con las normativas vigentes, corresponde iniciar descuentos y despidos. Los movimientos sociales rechazan la huelga.

LA PAZ

Cambio


El paro médico que se reanuda hoy fue catalogado como una medida criminal y atentatoria contra  la salud de la población por el Ministro de Trabajo, Daniel Santalla, quien señaló que la medida es ilegal, por lo que el Ministerio de Salud está habilitado para realizar los descuentos respectivos e incluso proceder a despidos.

“Este paro lo consideraría una actitud quizá hasta criminal porque va en contra de los enfermos, de los pacientes que necesitan una atención médica. ¿Dónde está el juramento hipocrático, que es un servicio humano de solidaridad, de atención oportuna a la gente que necesita la atención en salud?”, cuestionó la autoridad al referirse  a la medida de presión que inician los profesionales en salud contra la reposición de las ocho horas laborales que establecen el Decreto 1126 y su reglamento.

Santalla afirmó que la atención médica en el sector público no puede suspenderse porque existen muchos enfermos que precisan de  atención urgente. Se refirió a los enfermos renales, que precisan de una atención permanente con los tratamientos de diálisis y a los que se encuentran en fase terminal.

“Ellos necesitan por lo menos que les calmen el dolor”, imploró Santalla en una exhortación a los médicos para que depongan las medidas de presión.

Y muchos pacientes del Hospital de Clínicas, que ayer nuevamente atendió a medias, comparten el clamor de la autoridad de Estado, pues a partir de hoy tienen que soportar que sus intervenciones quirúrgicas sean reprogramadas o se suspendan sin fecha definida.

“A mi esposo le programaron la intervención para hoy (ayer), pero le suspendieron nuevamente y no sabemos hasta cuándo porque los médicos otra vez están en paro.  La primera suspensión fue porque no había anestesista. Tengo miedo de que le pase algo porque está comenzando a ponerse amarillo y ni siquiera puedo llevármelo a otro hospital porque los administrativos no están trabajando”, lamentó Patricia Carrasco.

Ayer en la mañana la mujer deambulaba desesperada por los pasillos del hospital de Clínicas en busca de un anestesista porque tenía la esperanza de que así pudieran operar a su esposo, internado hace una semana en ese nosocomio.

La familia Quispe, recién llegada de la provincia Omasuyos, también esperaba que algún médico del área de Gastroenterología le diera razón sobre la intervención al jefe de la familia, Juan de Dios, afectado por una aguda úlcera.

“Gracias a este paro están retrasando todo. Hay algunos médicos conscientes que realmente tienen consideración con la gente y están trabajando, pero parece que otros no tienen corazón porque no les importa que el paciente se esté muriendo”, reclamó Celia Chura, esposa de Juan de Dios.

En febrero, los médicos del sector público y de la seguridad social iniciaron una serie de paros en rechazo al Decreto 1126 y su reglamento, que restituye las ocho horas de trabajo en el sistema de salud.

Huelga ilegal

El ministro Santalla afirmó que, al igual que los anteriores paros, el que se reanuda hoy también será declarado ilegal.

“El artículo 118 de la Ley General del Trabajo no permite realizar huelgas en el sector del servicio público, entre ellos está el sector médico”, sentenció la autoridad.

Añadió que en el caso del personal de salud que no asista a su fuente laboral por más de seis días, deberá ser despedido, en el marco de la Ley General del Trabajo. Y la decisión y tarea compete al Ministerio de Salud y Deportes.


Movimientos sociales convocan al control social

Dirigentes del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y de la Federación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa de La Paz convocaron al control social ante el paro de los galenos.

Felipa Huanca, ejecutiva de las ‘Bartolinas’, pidió que se exija a los médicos que regresen a sus fuentes.

“En las ciudades las juntas vecinales deberían ir a los hospitales a controlar que se atienda. En el área rural, las mamathallas (autoridad originaria) han sugerido hacer controles y, según tengo entendido, en algunos lugares han hecho que vuelvan a trabajar, por eso en el área rural la atención es normal”, dijo.

Por su lado, el mallku de Justicia del Conamaq, Carmelo Titirico, demandó el despido de los médicos en huelga y su reemplazo.

“En las comunidades tenemos cirujanos y especialistas que están  dispuestos a trabajar”, dijo.

Titirico añadió que recurrirán al control social de las comunidades para garantizar que los nuevos profesionales brinden sus servicios.

El presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz (Fejuve), Jaime Vera, expresó en Bolivia TV el rechazo de la población al paro y anunció para hoy la realización de una reunión para determinar las medidas que se asumirán en defensa del derecho a la atención en salud.


Diputado pide iniciar acción penal

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) por el departamento de Pando Galo Bonifaz informó ayer que envió una nota al Fiscal General del Estado en la que le pide el inicio de un proceso penal contra los presidentes del Colegio Médico de Bolivia, Alfonso Barrios, y de La Paz, José Luis Larrea.

Bonifaz sindicó a ambos galenos de convocar, a través de comunicados públicos y medios de comunicación, a la realización de un paro médico que atenta contra el derecho a la salud y la vida de la población.

El parlamentario remarcó en su nota que la medida de presión atenta contra la Constitución Política del Estado y responsabilizó a los médicos de “cualquier deceso que se pueda dar después de iniciado el paro indefinido” en el sector de la salud pública.
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lunes, 2 de abril de 2012

La política marítima y la Resolución 426











27/03/2012 | Ed. Imp.

OEA.

Cochabamba será sede de la 42º reunión de la OEA, lo que brinda a Bolivia oportunidad para presentar un alegato y también para que la resolución sea ratificada.

El discurso pronunciado el pasado viernes por el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, con motivo de conmemorarse un aniversario más del asalto de las tropas chilenas al litoral boliviano, no tuvo la espectacularidad del pasado año en similar fecha cuando el Jefe de Estado anunció la demanda internacional contra el vecino país y que estableció un nuevo giro en la política internacional marítima.

A partir de ese anuncio el proceso de una demanda de la importancia y alcances que pretende llevar adelante contra Chile, es lento y complicado y quienes esperaban que este procedimiento podría ser de inmediato estaban equivocados. En su discurso el presidente Morales dejó sentado que la demanda tomará su tiempo.

El discurso del Presidente en este nuevo aniversario de los hechos nefastos del 23 de marzo de 1879, posiblemente no llenó la expectativa porque fue en realidad una reiteración del centenario problema del país frente a Chile aunque obviamente con el aditamento de reafirmar la decisión boliviana de acudir a los tribunales de justicia y la aseveración de que Chile no sea un mal vecino, lo que evidentemente despertó la reacción inmediata del Canciller chileno.

Lo cierto es que en un asunto tan delicado no cabían otras afirmaciones a no ser aquellas de la voluntad de la demanda internacional y la intención de continuar con el diálogo, aunque para algunos sectores de la oposición esto constituye un doble discurso. La oposición que formuló duras críticas al gobierno del presidente Morales en sentido de que durante cinco años se le mintió a Bolivia sobre cómo resolver la demanda marítima, no tomó en cuenta que este problema no responde en realidad a la coyuntura política de un determinado gobierno, sino que se trata de uno de los asuntos más delicados para la nacionalidad boliviana.

La oposición que muchas veces se expresa por declaraciones aisladas de algunos diputados o dirigentes políticos, debería formularse un recuento de la política marítima de anteriores gobiernos y seguramente que concluiría que muchos de ellos no solo que no establecieron acciones definidas en los foros internacionales, sino que incluso dejaron el asunto en un rumbo muchas veces errático y sin fundamento. Está claro que uno de los logros importantes fue la Resolución 426 de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1979, que estableció que la demanda marítima boliviana es un tema de “interés hemisférico” recomendando una solución equitativa y respaldando un “acceso soberano y útil al mar”.

Cochabamba será en junio próximo, la sede de la 42º reunión de la OEA, lo que brinda a Bolivia oportunidad significativa para presentar no solo un alegato en defensa de su causa marítima, también un pedido claro para que la mencionada resolución sea ratificada, lo que en sí ya constituiría una avance de mayor importancia.

Los partidos políticos de oposición y los sectores sociales representativos, incluyendo instituciones privadas y otras de influencia, deberían unir criterios y esfuerzos para aportar planteamientos e ideas con miras precisamente a la reunión de la OEA de Cochabamba. Más que declaraciones aisladas y que se inscriben en el marco estrecho de intereses políticos, el tema del mar debe merecer el apoyo de todos los bolivianos en la perspectiva de apuntalar el informe del Gobierno ante la OEA, reunión que por circunstancias de que Bolivia es la sede, puede presentar un ambiente especial para analizar el pedido boliviano.

Gobierno pacta con 9 pueblos indígenas; niega prebenda


El Gobierno ya firmó acuerdos programáticos con nueve de las 13 centrales regionales de las tierras bajas. La acción es vista por la Cidob como prebenda para frenar la IX marcha por el TIPNIS, para el Ejecutivo es parte del diálogo abierto con esos sectores.
El Presidente durante la firma del acuerdo programático con el pueblo guarayo, este sábado.
El Presidente durante la firma del acuerdo programático con el pueblo guarayo, este sábado. Foto: ABI
La Razón / Ernesto Calizaya / La Paz
03:30 / 02 de abril de 2012
“Hemos expresado nuestra voluntad y amplia disposición al diálogo con los dirigentes de la Cidob (Central de Pueblos Indígenas de Bolivia) y en consecuencia hemos estado trabajando con los dirigentes regionales de organizaciones como APG, Cirabo, Cpilap y otras, además que estamos firmando con ellos acuerdos y convenios para mejorar la gestión del Gobierno en las TCO”, informó ayer el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
En contacto con La Razón, dijo que firmaron pactos con nueve de 13 centrales regionales; la Organización Indígena Chiquitana (OICh) y la Central de Organización de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), las más recientes.
Esta acción, según Lázaro Taco, dirigente de la Cidob, es vista como prebenda y buscaría dividir al movimiento indígena para frenar la XI marcha por el TIPNIS, como denunció el mismo Adolfo Chávez, líder de la organización.
“Todo lo que está haciendo el Gobierno, entrando en el territorio, ofreciendo motores, por ejemplo, es prebenda en las comunidades para conseguir la voluntad de ellos, que la carretera cruce por el corazón del TIPNIS”, dijo Taco.
Según el dirigente, las bases se sienten molestas por los acuerdos a los que llegaron los dirigentes regionales, aunque otros reconocen que “son convenios programáticos y eso no compromete la movilización” programada para el 25.
“Son convenios que las propias regionales están requiriendo para dar cuenta a sus bases de que se está haciendo gestión”, defendió Quintana, y adelantó que la próxima semana se tiene un trabajo con 40 comunidades de la Central Indígena de los Pueblos Amazónicos de Pando (Cipoap), con CPIB y CMIB, en Beni. “Si no atenderíamos esos requerimientos, se nos procesaría por incumplimiento de funciones; no hacer eso implicaría negligencia gubernamental, y hacerlo, según Adolfo Chávez, Fernando Vargas o Pedro Nuni significaría prebenda”, añadió.
Para Sánchez, no hay contrato
El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, afirmó ayer que no existe contrato alguno para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
“No hay ningún contrato con ninguna empresa para construir el tramo II”, dijo. No obstante, el líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, denunció el sábado, con papeles en mano, que el contrato con la constructora brasileña OAS sí fue suscrito y contempla los tres tramos de la cuestionada vía.
Por otro lado, el ministro informó que se prepara el protocolo de consulta que será sometido a indígenas del TIPNIS y que tras ello, en el plazo de un mes, se fijará fecha para la misma.
“Estamos en la fase de elaboración del protocolo de la consulta (...), el borrador tiene que ser consensuado con las distintas comunidades del TIPNIS”, dijo.
Esta actividad se realizará en breve según Sánchez, y para ello, dijo, se toma contacto con los corregidores de las más de 60 comunidades que hay en el parque.